Tomando como base que Maldonado se encuentra en una etapa de transformación estructural marcada por un crecimiento demográfico sostenido, expansión territorial acelerada y creciente complejidad social y económica, el gobierno departamental impulsa en esta modificación presupuestal medidas tendientes a acompasar ese desarrollo.
Las proyecciones del INE indican que mientras la población nacional descenderá de 3.466.000 a 3.458.000 habitantes hacia 2035, la de Maldonado ascenderá a 233.000 habitantes, un incremento superior al 10% respecto a los niveles actuales.
En este contexto, este crecimiento poblacional genera para la Intendencia desafíos de importancia y el Presupuesto Departamental debe adecuarse a esa realidad.
Resulta clave el mantenimiento de servicios de calidad para toda la población, pasando por planes sociales, inversión en infraestructura y la generación de condiciones para el desarrollo económico y mejora en la calidad del empleo.
El departamento necesita un presupuesto que, manteniendo una rigurosa disciplina fiscal, sea capaz de dar respuesta a ese amplio arco de necesidades desde la recolección de residuos y la limpieza de calles y playas, hasta la construcción de políticas públicas sostenibles en materia de vivienda, pavimentación, movilidad, ambiente, deporte, cultura y programas de salud.
Hacia 2030 Maldonado será un departamento con desarrollo sostenido, cohesión social, planificación territorial equilibrada, oportunidades de trabajo y formación para todos en sentido amplio, servicios públicos de calidad y cercanía, y una gestión pública innovadora, transparente y orientada al bienestar de las personas.
El enfoque de derechos e inclusión social, con la dignidad de las personas en el centro de las políticas públicas. Asimismo, la equidad territorial entre municipios, garantizando acceso equitativo a servicios y bienes públicos en todo el departamento.
La participación ciudadana y descentralización, fortaleciendo la cercanía con los vecinos y los municipios resulta clave en este proceso.
La Modificación Presupuestal 2027–2030 establece el marco estratégico de la acción del Gobierno Departamental, integrando diagnóstico técnico, enfoque territorial, alineamiento con el Programa de Gobierno, trabajo de las Comisiones Interpartidarias y sostenibilidad económico-financiera.
El Programa de Gobierno establece que los créditos presupuestales del quinquenio se asignan en función de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), con monitoreo del cumplimiento de metas.
El crecimiento demográfico sostenido impone cambios en la forma de gestionar el departamento. La Administración Departamental debe evolucionar hacia un modelo de toma de decisiones y gestión basado en evidencia, con capacidad de planificación anticipada, control por resultados y adaptación continua.
La eficiencia y cercanía en la interacción con la ciudadanía en sentido amplio (digitalizar trámites y servicios, fortalecer las Tecnologías de la Información, implementar plataformas digitales de interacción ciudadana) será clave.
Asimismo, las políticas referentes a la transformación de la Administración Pública, implican promover la negociación colectiva como espacio de diálogo con los trabajadores.
La sostenibilidad económica-financiera constituye el pilar estructural que hace factible la viabilización del Plan Quinquenal.
La expansión demográfica y territorial exige inversión en infraestructura, movilidad y servicios sociales, lo que requiere una política fiscal equilibrada, progresiva y orientada a la equidad territorial.
La incorporación y actualización permanente de los inmuebles, la reducción de la morosidad y la mejora en los sistemas de cobranza son medidas que fortalecen los ingresos propios sin incrementar la carga tributaria general.
La equidad fiscal implica vincular la capacidad contributiva con la calidad de los servicios prestados, evitando desequilibrios.
La política financiera se asienta en la prudencia y disciplina fiscal, con horizonte de consolidación sostenida y reducción gradual del endeudamiento.
Habrá programas como la modernización del sistema de gestión tributaria y cobranza, así como un programa de reducción sostenida de morosidad con estrategia diferenciada por perfil de contribuyente.
Además, una actualización permanente del padrón inmobiliario vinculada a los datos del Censo 2023 y criterios de asignación presupuestal por municipio basados en población, necesidades básicas insatisfechas y crecimiento territorial.
Se va a alinear el gasto departamental con los ODS como marco de priorización presupuestal.
Se apuesta también a una reducción sostenida de la tasa de morosidad en al menos 2 puntos porcentuales al cierre del quinquenio.
El objetivo es perseguir un aumento real de ingresos propios sin incremento general de presión tributaria y una consolidación fiscal, asentada en el cumplimiento de las reglas fiscales definidas.
Del crecimiento poblacional mencionado, superior al 23% entre 2011 y 2023, se confirma que Maldonado es uno de los departamentos más dinámicos del país. Sin embargo, más del 90% de la población se concentra en el eje costero Maldonado-Punta del Este-San Carlos-Piriápolis, generando fuertes presiones sobre el uso del suelo, la infraestructura y el ambiente.
La planificación territorial debe anticipar demandas de vivienda, transporte, saneamiento y equipamientos sociales, evitando fragmentación urbana.
El Programa de Gobierno establece compromisos concretos en materia de obras viales estratégicas -Camino de Los Ceibos, Avenida Leandro Gómez, Avenida del Mar, Paso del Guerrero- acceso a tierra subsidiada para familias jóvenes y trabajadores, y fortalecimiento del banco de tierras y primordialmente atender los barrios en todas sus dimensiones.
Para ello habrá una actualización de instrumentos de ordenamiento territorial en todos los municipios, alineados al Censo 2023.
Además, un banco de tierras departamental con prioridad para familias jóvenes, trabajadores y proyectos de vivienda social.
Se impulsará un programa de pavimentación y mantenimiento de calles en barrios, priorizando zonas rezagadas y alta densidad poblacional.
Para este quinquenio se busca encauzar cumplimiento de acuerdos alcanzados en la Comisión Interpartidaria.
Se apuesta a reducir brechas sociales, territoriales y de acceso a derechos mediante políticas integrales de salud, vivienda, alimentación, cuidados, inclusión, cultura, deporte y desarrollo comunitario. Esto será posible a través de programas de Sanidad Pública de Calidad.
El Departamento de Salud y Adicciones dará una respuesta integral e integrada. Habrá cobertura odontológica en barrios vulnerables mediante dispositivos equipados y se creará una App de Salud Preventiva con turnos, consultas online y programas de bienestar.
Se impulsará el Plan Integral de Salud Mental: priorización de información, prevención y seguimiento en salud mental en coordinación con Salud Pública. El mismo será posible gracias a la capacitación de equipos multidisciplinarios (psicólogos, asistentes sociales).
También habrá un sistema Departamental de Cuidados: dispositivos diurnos, apoyo domiciliario, protección para adultos mayores.
El texto remitido a la JDM también pone el foco en el transporte público accesible y vehículos accesibles en flota permanente.
Se crearán espacios recreativos inclusivos para niños neuro divergentes y habrá un programa de deporte adaptado y escuelas deportivas inclusivas.
Proteger los recursos naturales del departamento, reducir la vulnerabilidad climática y establecer un modelo de gestión ambiental basado en evidencia, participación ciudadana y tecnología, es otra de las apuestas. Para ello se concretará el Observatorio Departamental de Ambiente que arrojará informes públicos de gestión ambiental, monitoreo semanal de calidad de agua en playas y cañadas urbanas.
Habrá una Guardia Ambiental cuyo eje es la educación, sensibilización, control y vigilancia ambiental, protección de áreas naturales.
Se avanzará con el Fondo Departamental de los Humedales y la Gestión Integral de Residuos: transformación del relleno sanitario, plantas de transferencia para podas y ramas con generación de energía renovable, ampliación de puntos de recepción de residuos reutilizables.
La Evaluación Ambiental Estratégica será obligatoria en proyectos de infraestructura y urbanización.
En Educación Ambiental habrá campañas de concientización, capacitación en reciclaje selectivo y fauna/flora autóctona.
En el caso del transporte se implementará una mejora de la movilidad urbana, infraestructura vial y servicios básicos en todo el departamento. En ese sentido, se van a construir corredores Este-Oeste y Norte-Sur, ampliación de ciclovías, control de velocidad y reforma del sistema de radares.
Se ejecutará un programa de Modernización del Transporte Público, corredor troncal estructurante: Eje Norte-Sur: San Carlos – Punta del Este, así como un sistema de transporte multimodal con nuevas líneas urbanas complementarias al corredor troncal.
Se ampliarán ciclovías y habrá mejora de las existentes, al tiempo que se incentivará el uso de bicicleta y caminata.
Las obras viales consideradas estratégicas son la reconstrucción del Camino de Los Ceibos (Rutas 9-39 by-pass San Carlos), reconstrucción de la Avenida Leandro Gómez (ensanche, pluviales, pavimento, ciclovía), y la remodelación Avenida del Mar (calzadas, sendas peatonales, pluviales, iluminación).
- Plan de pavimentación, pluviales e iluminación y mantenimiento en barrios priorizados por deterioro y densidad.
- Espacio institucional de planificación del transporte: Intendencia, autoridades nacionales, empresas, técnicos, trabajadores y usuarios.
- Espacios de educación y seguridad vial por municipio. Curso de Seguridad Vial para conductores de moto delivery.
- Iluminación pública: incorporación de más luminarias en todo el departamento.
- Ampliación de cobertura de saneamiento y agua potable en coordinación con OSE y el Fideicomiso de Agua y Saneamiento.
En cuanto al Presupuesto Participativo, la administración del intendente Miguel Abella impulsa su retorno con el objetivo de promover la participación ciudadana en la definición, priorización y control de proyectos financiados con recursos departamentales.
Uno de los principios fundamentales del sistema de descentralización local es la participación vecinal y serán los municipios los que generen acciones y mecanismos que la fomenten.
Todos los habitantes de cada Municipio tienen las mismas oportunidades para intervenir y participar sin discriminaciones de carácter político, ideológico, religioso, racial o de otra naturaleza en los procesos del Presupuesto Participativo.
Se asigna al Presupuesto Participativo de cada Municipio un monto anual equivalente al que le corresponde anualmente por el literal B del Fondo de Incentivo para la Gestión Municipal (FIGM), a valores de 1º de enero de 2026.
Se busca democratizar la asignación de recursos públicos, promover la participación ciudadana en la gestión departamental, fomentar la equidad territorial en la distribución de inversiones, así como impulsar proyectos que mejoren la calidad de vida de la comunidad.
Los municipios convocarán a la ciudadanía a presentar proyectos. Podrán hacerlo organizaciones sociales, comisiones vecinales o grupos de vecinos (mínimo 10 firmas) en su respectiva jurisdicción.
El Concejo Municipal determinará los proyectos que pasan a consideración ciudadana para el período 2027-2030.
Asimismo, se crea una Comisión de Seguimiento del Programa Presupuesto Participativo, integrada por representantes de la Dirección de Descentralización en carácter de coordinador y representantes de los Concejos Municipales.
La modificación presupuestal también crea el programa «Sello Verde Maldonado», que constituye una herramienta estratégica que integra el desarrollo productivo y la sostenibilidad ambiental en el departamento.
Se trata de un distintivo oficial otorgado por la Intendencia a empresas que gestionen adecuadamente sus aspectos ambientales y demuestren compromiso con la mejora continua del departamento.
Tiene por objetivo general promover la gestión ambiental responsable de las empresas mediante un sistema de reconocimiento basado en evidencia verificable.
Se busca incentivar la reducción de impactos ambientales y formalizar las buenas prácticas, además de fomentar la educación ambiental y acompañar técnicamente a las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (MIPYMES).
La clave está en generar una cultura ambiental empresarial, integrando el cuidado del ambiente y el desarrollo económico.
Este programa se alinea con la Agenda 2030 y contribuye directamente a los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).
Las empresas que resulten distinguidas con el “Sello Verde Maldonado” podrán acceder a beneficios como el reconocimiento oficial por parte de la IDM a través de la publicación en el sitio web institucional, el derecho de uso de logotipo del sello en sus comunicaciones, la distinción pública anual en el marco de las actividades vinculadas al ambiente que realice la Intendencia y beneficios fiscales que se puedan establecer con anuencia de la Junta Departamental.
La promoción del turismo, la innovación, la economía creativa y el desarrollo productivo son también resorte de esta modificación.
Se parte de la premisa que la generación de empleo del departamento surge de la industria de la construcción y del modelo de turismo cuantitativo de Sol y Playa, con marcada estacionalidad y centralidad territorial. La diversificación productiva, trazada y pensada para todo el territorio, el apoyo a PYMES, la economía creativa y la innovación tecnológica reducen la vulnerabilidad ante ciclos estacionales y generan empleo de mayor calidad, que amplifica, dinamiza y complementa las fuentes tradicionales de actividad en el mercado de trabajo departamental.
El Programa de Gobierno establece un objetivo ambicioso: convertir a Maldonado en un destino de teletrabajo, sede de empresas tecnológicas, turismo digital y economía basada en el conocimiento. Ello permitirá atraer inversión en sectores no tradicionales y ampliar las oportunidades de empleo de calidad para la población joven, más allá de la demanda estacional tradicional.
Esta estrategia busca fortalecer la competitividad territorial, atraer capital humano calificado e inversión en sectores no tradicionales, reduciendo la dependencia de actividades estacionales. Un desafío central es evitar que el dinamismo económico opere de forma divergente respecto al desarrollo del conocimiento: el acceso temprano al empleo en servicios y turismo no debe competir con la continuidad educativa de los jóvenes, sino complementarse mediante modelos de formación dual y trayectorias flexibles que permitan estudiar y trabajar simultáneamente.
El Programa de Gobierno de Abella también establece compromisos concretos en materia de seguridad como la instalación de la Mesa Departamental de Seguridad, ampliación de luminarias, limpieza de predios baldíos, continuidad del apoyo mediante Horas Ciudad a Policía y Bomberos, y fortalecimiento de la Brigada de Guardavidas.
Se fortalecerá la convivencia y la seguridad urbana mediante políticas preventivas, recuperación del espacio público, iluminación, programas comunitarios e intervención en barrios con mayor vulnerabilidad.
Habrá un Plan de Iluminación Departamental con incorporación de luminarias en plazas, parques, veredas y vías de tránsito.
Apostando al diálogo entre todos los partidos, se incorporan los lineamientos y compromisos alcanzados en las cuatro Comisiones Interpartidarias convocadas por el Ejecutivo Departamental -Ordenamiento Territorial, Movilidad, Ambiente y Políticas Sociales- con la participación de todos los partidos políticos que cuentan con representación en la Junta Departamental.
Esta modificación comienza a dar dimensión presupuestal a los acuerdos allí suscriptos.
El texto fue llevado por el intendente Miguel Abella y su equipo a la Junta Departamental este miércoles 24 de junio.