El Tribunal de lo Contencioso Administrativo anuló la resolución de la Institución Nacional de Derechos Humanos (INDH) en el entendido de que ésta violó los derechos de defensa de Intendencia de Maldonado en un litigio de funcionarios cesados.
El Tribunal de lo Contencioso Administrativo anuló la resolución de la Institución Nacional de Derechos Humanos (INDH) en el entendido de que violó los derechos de defensa de Intendencia de Maldonado en un litigio de funcionarios cesados.
Este hecho se remonta al año 2015 cuando al IDM dio por terminada la relación contractual con 23 funcionarios, los cuales a su vez iniciaron acciones legales.
Asimismo, los entonces funcionarios recurrieron al INDDHH y éste sancionó a la Intendencia de Maldonado por considerar que había cesado “supuestamente de manera ilegal” a ese grupo de trabajadores, indicó el abogado de la Dirección General de Asuntos Legales, Hugo Álvez.
Además, explicó que “en su momento la Intendencia le ganó a la Institución Nacional de Derechos Humanos una acción de amparo donde la Justicia declaró que la INDDHH había actuado en forma ilegal”.
Posteriormente, “la IDM también le ganó los juicios a cada uno de los 23 funcionarios y ahora el Tribunal de lo Contencioso Administrativo anuló esa resolución de la Institución Nacional de Derechos Humanos paradójicamente por violar los derechos humanos”, expresó el abogado.
Álvez remarcó que en aquel momento se le ocultó información a la IDM, nunca se le dio vista de las actuaciones y, por otro lado, el INDDHH “ayudó a los funcionarios denunciantes”.
En la sentencia del TCA se establece que “parece mentira que una institución especializada en derechos humanos haya violado el derecho de defensa de la IDM y lo grave de esto es que la Institución Nacional de Derechos Humanos publicó en su página un escrache al intendente de Maldonado, Enrique Antía, y la directora general de Asuntos Legales, Adriana Graziuso, como incumplidores de sus recomendaciones y eso fue calificado como muy grave ahora por el propio TCA”.
Con respecto a la situación de los funcionarios al momento de ser cesados, Álvez indicó que “no cumplían con los cinco años de antigüedad y, conforme a la ordenanza, con un preaviso de 15 días podían ser cesados”.